La comunidad educativa del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, ubicado en en sector de la Trinidad en Duitama, se encuentra en el centro de una polémica que ha escalado hasta los micrófonos de Matinal Noticias Boyacá. Por un lado, el abogado José Luis Valenzuela Rodríguez, actuando como apoderado ad honorem de padres de familia y docentes, denuncia graves irregularidades administrativas, laborales y presuntos abusos de autoridad por parte de la rectoría encabezada por Hermes Yamil Cárdenas Ramírez. Por otro lado, Felipe Acosta, Personero Municipal de Duitama, defiende la gestión activa de su entidad, niega cualquier omisión institucional y aclara detalles sobre las mesas de trabajo convocadas para resolver el conflicto.
Los detalles del abogado José Luis Valenzuela
Valenzuela explicó que acudió a su oficina el presidente y la vicepresidenta del Consejo Directivo de Padres de Familia, así como el coordinador académico de la institución. Según el jurista, estos actores hicieron uso de sus servicios profesionales tras entregarle documentos que, a su juicio, hablan por sí solos y evidencian una problemática seria.
Uno de los puntos más críticos señalados por el abogado es la respuesta emitida por el rector Hermes Yamil Cárdenas Ramírez ante los reclamos de los padres. Valenzuela expresó su indignación porque, mediante un documento enviado a los representantes de los padres, el rector les imputó conductas penales, afirmando bajo concepto de sus propios asesores jurídicos que existe un presunto concierto para delinquir. El abogado calificó esta acusación de absurda e injustificada, argumentando que unos padres de familia no constituyen una empresa criminal simplemente por ejercer su derecho legítimo a reclamar ante el administrador de la institución educativa.
Entre las denuncias específicas contenidas en los documentos revisados por el letrado, destacan varias irregularidades graves:
Primero, situaciones laborales irregulares en la cafetería o cooperativa escolar. Se señala que existen personas trabajando en este espacio sin pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales). Además, se denuncia que la administración y usufructo de dicho establecimiento estaría en manos de una profesora particular, lo cual genera conflictos de interés y dudas sobre el manejo de recursos públicos o escolares. El abogado indicó que ya cuenta con pruebas preliminares recibidas vía WhatsApp que corroboran estas versiones.
Segundo, cobros ilegales denominados multas. A través de publicaciones en redes sociales y testimonios de estudiantes, se reporta la existencia de un acuerdo al inicio del año lectivo donde se cobra una suma de mil pesos colombianos a los alumnos que llegan tarde. Sin este pago, realizado supuestamente a través de plataformas digitales, se impide el ingreso a clases. Valenzuela enfatizó que esto vulnera el derecho fundamental a la educación, transformando el acceso al aula en una condición económica.
Tercero, indisciplina docente e ideologización. Se acusa a ciertos profesores de impartir contenidos políticos e ideológicos en las aulas fuera del currículo oficial. Asimismo, se reporta que cuando el coordinador exige el cumplimiento de funciones básicas, algunos docentes desacatan dichas recomendaciones. También se menciona el incumplimiento de la jornada ordinaria por parte del propio rector como servidor público.
Respecto a la controversia jurídica sobre quién preside el Consejo Directivo, el abogado reconoció que la norma general establece que el rector debe presidirlo. Sin embargo, defendió la elección democrática realizada internamente, donde resultaron electos un padre de familia como presidente y una madre de familia como vicepresidenta, sugiriendo que corresponde a un juez de la República dirimir la legalidad de dicha elección, pero no al rector criminalizar a quienes la ejercieron.
Valenzuela anunció que actuará ad honorem, sin cobrar honorarios, motivado por la gravedad de la causa y la confianza depositada por los denunciantes. Su estrategia consiste en visibilizar el caso en redes sociales (TikTok, Facebook e Instagram) para generar presión social, mientras prepara escritos formales dirigidos principalmente al Ministerio de Educación Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, dado que considera que la Secretaría de Educación de Duitama y la Alcaldesa local han mostrado negligencia y falta de acciones rápidas y urgentes. Finalmente, reveló que está siendo contactado por personas de otras instituciones educativas, como el Colegio Rafael Reyes, donde también habría laborado el rector Cárdenas Ramírez, ampliando potencialmente el alcance de las investigaciones.
La respuesta de Felipe Acosta, personero de Duitama
Por su parte, Felipe Acosta salió al aire para rectificar la narrativa de inacción atribuida a la Personería Municipal. Su postura se centra en demostrar que su entidad ha estado presente activamente durante todo el año, no solo reaccionando ante crisis puntuales, sino previniendo conflictos mediante el diálogo institucional.
Acosta precisó que el tema del Colegio Silva Plazas no es nuevo ni ha sido abordado únicamente en días recientes. Afirmó haber visitado la institución más de seis veces de manera oficial y personalmente más de diez veces a lo largo del año calendario. Durante estas visitas, aseguró mantenerse atento a las solicitudes de todos los actores involucrados: el personero estudiantil, el contralor estudiantil, el rector y el coordinador. Describió a los líderes estudiantiles como jóvenes muy juiciosos que han canalizado adecuadamente sus inquietudes a través de los canales internos.
Sobre la mesa de trabajo anunciada, el Personero aclaró que esta fue convocada de manera preventiva debido a la recurrencia de derechos de petición y quejas registradas durante meses. El objetivo era tocar diversos temas sensibles con la participación exclusiva de los interesados directos: la Secretaría de Educación, el rector Hermes Yamil Cárdenas Ramírez, el coordinador y los representantes de los padres de familia.
Un punto crucial de su defensa fue la desmentida de una imagen viralizada recientemente. Acosta enfatizó que desde la Personería no se generó ninguna invitación abierta a la comunidad general ni a la ciudadanía en masa. Calificó dicha imagen como no oficial y ajena a la comunicación institucional de su despacho. Explicó que la convocatoria era estrictamente privada y selectiva para las partes directamente involucradas en la disputa administrativa y académica, buscando evitar malentendidos o especulaciones públicas antes de tener conclusiones definitivas.
Asimismo, el funcionario detalló el flujo documental gestionado por su entidad. Indicó que, además de atender las quejas internamente, han remitido oficios tanto a la Secretaría de Educación Municipal como al Ministerio de Educación Nacional. Esto obedece, según Acosta, a problemas estructurales previos relacionados con la infraestructura educativa del plantel, demostrando que la Personería actúa como puente entre la realidad local y las instancias nacionales cuando corresponde.
Reconoció la existencia de tensiones recurrentes entre el señor rector y el coordinador, así como múltiples conflictos internos que han requerido mediación constante. Para Acosta, la decisión de instalar la mesa de trabajo responde precisamente a esa necesidad de frenar la escalada del conflicto mediante espacios formales de concertación, alejándose de la confrontación mediática inmediata propuesta por la otra parte.
