El ingeniero agrónomo Fabián Ordúz cuestiona la insistencia del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, en impulsar una agenda de semillas certificadas sin garantías suficientes para proteger las variedades nativas y ancestrales. Los campesinos temen perder autonomía productiva y quedar sometidos a los intereses de los proveedores de semillas a altos precios para cosechar.


La historia parece repetirse y la preocupación vuelve a recorrer el campo boyacense. Más de una década después del paro agrario de 2013, cuando miles de campesinos salieron a las calles para defender su economía, sus cosechas y sus prácticas tradicionales, surge nuevamente el temor de que las decisiones del Gobierno nacional terminen poniendo en riesgo la autonomía de quienes producen los alimentos del país.


Esta vez, el foco está en la estrategia del Ministerio de Agricultura, encabezado por Indalecio Dangond Baquero, que contempla el impulso de semillas certificadas dentro de su agenda con el sector papero. Aunque el Gobierno presenta estas medidas como herramientas para mejorar la productividad y reducir los costos, desde el territorio surgen cuestionamientos sobre las consecuencias que podrían tener para los pequeños y medianos productores.



¿De qué sirve hablar de productividad si el campesino termina perdiendo la posibilidad de conservar sus propias semillas? 


Esa es una de las preguntas que plantea el ingeniero agrónomo Fabián Ordúz, quien advierte que el debate no puede limitarse a cuánto produce una variedad por hectárea, sino que debe incluir quién controla las semillas, cuánto cuestan y qué autonomía les queda a las familias campesinas.



Una historia que los campesinos no quieren volver a vivir


La controversia recuerda las denuncias contra la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuestionada por organizaciones campesinas durante el paro agrario de 2013. Aquella movilización convirtió el uso, la conservación y la comercialización de semillas en una discusión nacional.


Para Ordúz, resulta preocupante que vuelvan a plantearse políticas que, en su interpretación, podrían desplazar las semillas tradicionales y aumentar la dependencia de los agricultores frente a proveedores comerciales.


El ingeniero sostiene que las semillas nativas y ancestrales representan mucho más que un insumo agrícola: son parte del patrimonio genético que los campesinos han preservado durante generaciones y un componente fundamental de la soberanía alimentaria.



La preocupación cobra especial relevancia en departamentos como Boyacá y Cundinamarca, donde miles de familias dependen de cultivos como la papa para su sustento.



El cuestionamiento al ministro: productividad, ¿pero a qué costo?


La discusión se intensifica en medio de los cuestionamientos que ha recibido Dangond en debates de control político por distintas decisiones relacionadas con la política agraria y los derechos del campesinado. El senador Iván Cepeda anunció recientemente acciones judiciales y disciplinarias contra el ministro por presuntas irregularidades que deberán ser examinadas por las autoridades. Esos señalamientos corresponden a acusaciones, no a responsabilidades judicialmente establecidas.



En el debate sobre las semillas, el interrogante de fondo es si la búsqueda de mayores rendimientos puede terminar privilegiando un modelo de producción que incremente la dependencia económica de los agricultores.


Ordúz advierte que, si los productores pierden la posibilidad de conservar y reproducir sus variedades tradicionales y deben comprar semillas para cada ciclo, podrían quedar más expuestos a los precios impuestos por el mercado. También cuestiona la falta de claridad sobre los mecanismos que garantizarían la conservación de la diversidad genética del país.


Es importante precisar que no todas las semillas certificadas son transgénicas ni todas las variedades mejoradas impiden guardar material de siembra. Sin embargo, para el experto, ninguna política de modernización agrícola debería avanzar sin explicar sus efectos económicos, técnicos y ambientales, ni sin escuchar a las comunidades que trabajan la tierra.



 ¿Decisiones entre pocos mientras el campesino queda por fuera?


Las inconformidades también se relacionan con la reunión realizada en Villapinzón, Cundinamarca, en la que se discutió una agenda para el sector papero con participación del Ministerio de Agricultura y Fedepapa, aparentemente monopolizando las semillas y favoreciendo intereses en Estados Unidos.


Según las preocupaciones recogidas por Ordúz, líderes campesinos cuestionaron la comunicación y las condiciones de participación en ese encuentro. El ingeniero considera indispensable que los productores tradicionales, las organizaciones sociales y los conocedores de las semillas nativas tengan voz efectiva en las decisiones.


*No basta con convocar reuniones: las comunidades deben poder debatir, proponer y conocer las consecuencias de las medidas que se pretenden implementar.*


Ordúz reclama, además, respuestas concretas sobre la creación de bancos de semillas en Boyacá, Cundinamarca y otras regiones, así como garantías para conservar las variedades tradicionales y asegurar que continúen disponibles para futuras generaciones.



 Boyacá exige respuestas antes de que sea demasiado tarde


El llamado al Gobierno nacional es claro: no repetir los errores del pasado ni convertir la productividad en una justificación para desconocer el conocimiento campesino.


La agricultura necesita innovación, asistencia técnica y semillas de calidad, pero también requiere diversidad genética, acceso justo a los insumos y condiciones que permitan a los pequeños productores sostener sus cultivos sin quedar atrapados en una dependencia económica creciente.


La advertencia de Fabián Ordúz pone sobre la mesa una discusión que no puede resolverse a espaldas del territorio. Si el Gobierno considera que su estrategia es beneficiosa para el campesinado, debe explicar sus alcances, abrir espacios reales de participación y presentar garantías verificables para proteger las semillas nativas y ancestrales.


Los campesinos de Colombia ya protagonizaron una histórica movilización para defender su trabajo y sus semillas. Hoy, desde Boyacá, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿está el país frente a una nueva disputa por el control de lo que se siembra y de quién tiene el derecho a decidir cómo producir sus alimentos?