La muerte del pequeño Alberto José Cáceres, ocurrida el 26 de octubre en zona rural de Sotaquirá, reavivó los reclamos de las comunidades que llevan años solicitando infraestructura segura para cruzar la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.


La muerte del niño Alberto José Cáceres, quien perdió la vida el pasado 26 de octubre cuando intentaba cruzar la vía en jurisdicción rural de Sotaquirá, vuelve a enlutar a una familia boyacense y a poner sobre la mesa una problemática que, según las comunidades, continúa sin una solución definitiva: la falta de puentes peatonales en diferentes sectores de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS).


En diálogo con este noticiero, Danilo Viassus, líder del área de influencia del peaje de Tuta y habitante de Sotaquirá, recordó que las comunidades han adelantado solicitudes, jornadas de protesta y movilizaciones para exigir la construcción de un puente peatonal en un punto donde confluyen los accesos a las veredas Bosigas Sur y Bosigas Centro, de Sotaquirá, y San Martín, de Tuta.


Según el líder comunitario, los llamados a la concesión encargada del corredor vial se han reiterado durante años, sin que hasta ahora se haya materializado la solución que reclaman los habitantes para cruzar de manera segura. El caso vuelve a generar cuestionamientos sobre la respuesta de la concesión BTS Autovía frente a las necesidades de seguridad peatonal planteadas por las comunidades.


Pero Sotaquirá no es el único lugar donde se ha advertido el riesgo. En sectores de Ventaquemada, Tunja y Paipa también se han presentado reclamos por la falta de pasos seguros, una situación que preocupa especialmente a las familias cuyos niños y jóvenes deben atravesar una vía de alto flujo vehicular para llegar a sus hogares, instituciones educativas o lugares de trabajo.


Viassus advirtió, además, que la indignación suele ser intensa durante los días posteriores a una tragedia, pero con el paso de las semanas las denuncias pierden visibilidad y las soluciones siguen pendientes. Por ello, hizo un llamado a los alcaldes de los municipios afectados y al Gobierno departamental para que unan esfuerzos y ejerzan presión institucional ante la concesión, con el propósito de que se atiendan las solicitudes y se priorice la protección de la vida.


La tragedia de Sotaquirá vuelve a poner en evidencia una pregunta que las comunidades llevan años formulando: ¿cuántas familias más tendrán que sufrir una pérdida antes de que se construyan los pasos peatonales que reclaman?


Las víctimas fatales en este corredor vial se cuentan casi todos los días, son cientos de familias que han perdido a sus seres queridos y estudiantes cuando han intentado cruzar esta vía catalogada por la comunidad como el “Corredor de la muerte”.


Ventaquemada, agosto de 2019: Karen Lorena Barreto Bohórquez, de 15 años, estudiante de décimo grado, murió atropellada cuando intentaba cruzar la doble calzada en el sector de la vereda Supatá. La comunidad ya solicitaba pasos peatonales seguros. 



Paipa, febrero de 2025: Nicol Mariana Estupiñán Matta, estudiante de 13 años del Colegio El Rosario, murió tras ser atropellada en el sector de Romita, cuando se dirigía a su institución educativa. 


Sotaquirá, 26 de octubre de 2026: un niño de 12 años murió atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar la vía Paipa-Tunja, cerca de la estación de servicio Puma. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro. 


Más allá de las responsabilidades que deberán establecer las autoridades en cada accidente, los habitantes piden que la seguridad de peatones, especialmente de niños y estudiantes, deje de ser una promesa y se traduzca en obras concretas. La BTS es un corredor estratégico para Boyacá, pero su infraestructura también debe responder a las necesidades de quienes viven a ambos lados de la vía.