Andrés Martínez, representante del gremio minero local, confirmó que este lunes 26 de octubre se llevará a cabo una marcha pacífica en el municipio de Socha. La protesta responde al fallo del Juzgado Administrativo de Duitama que ordenó al alcalde sellar las minas informales ubicadas en el sector de Curital.
Martínez expresó su preocupación ante la decisión judicial, señalando que generará un fuerte impacto social, económico y de seguridad en la región. El líder minero aclaró que no son criminales, sino trabajadores informales que buscan legalizarse pero han encontrado puertas cerradas por parte del Estado. "Nosotros queremos formalizarnos, queremos hacer las cosas derecho", afirmó.
El vocero advirtió sobre las consecuencias humanitarias del cierre: más de cinco mil personas dependen directamente e indirectamente de esta actividad. Detalló que existen aproximadamente doscientas minas con unos diez trabajadores cada una, lo que representa dos mil empleos directos, además de afectar hoteles, restaurantes, supermercados y ferreterías locales. También señaló que la minería legal aportaría regalías al pueblo que actualmente no se están contemplando.
Sobre los riesgos ambientales mencionados en la demanda, específicamente el afectación a fuentes hídricas dentro del páramo de Pisba, Martínez rechazó categóricamente estas acusaciones. Argumentó que el páramo está delimitado oficialmente dos horas más arriba donde opera la minería y pidió estudios técnicos imparciales antes de tomar medidas drásticas. Criticó duramente al juez por basar su decisión en desconocimiento territorial sin verificar in situ la realidad operativa.
Respecto a las autoridades municipales, indicó que prefieren escalar sus peticiones hacia gobernación, ministerio de ambiente y gobierno nacional debido a la magnitud regional del problema. Advirtieron que esto podría acabar con toda la economía carbonera de Boyacá si no intervienen instancias superiores.
La convocatoria incluye a transportadores, comerciantes y residentes de toda la zona minera, quienes exigen espacios reales de negociación para transitar hacia la legalidad sin perder sus medios de subsistencia ni caer en conflictos sociales derivados de la desesperanza económica.
