El contexto normativo y el rol del Cuerpo de Bomberos


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La problemática surge de la aplicación estricta del Código Nacional de Convivencia Ciudadana (Ley 1801) y la Ley 1575 de Gestión Integral del Riesgo contra Incendios. El Teniente Montiel aclaró que, aunque es la Policía Nacional quien ejecuta los operativos nocturnos basándose en este código, el punto crítico radica en la certificación técnica requerida para operar. Los establecimientos públicos deben contar con un Certificado de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios expedido por el cuerpo de bomberos.


Este certificado no es discrecional; se basa en inspecciones rigurosas definidas por la Resolución 0661 de 2019 y normas técnicas como la NSR-10 (Norma Sismorresistente), específicamente sus capítulos J y K, que regulan dispositivos de seguridad y clasificación de actividades económicas. Para lugares de alto impacto, como bares o discotecas (grupos L de reunión social y recreativa), el cumplimiento de sistemas fijos de protección contra incendios es obligatorio bajo pena de clausura.


Montiel enfatizó que el proceso de solicitud ante los bomberos no presenta dificultades administrativas per se: el comerciante envía datos básicos, ubicación, actividad económica y RUT al correo electrónico institucional. Posteriormente, se realiza una visita técnica donde se revisan equipos portátiles (extintores), sistemas fijos (rociadores, tanques de reserva), medios de evacuación (señalización, luces de emergencia, puertas) y alarmas. Si falta alguno de estos componentes, no puede emitirse el certificado provisional ni parcial; solo se entrega cuando se cumple la totalidad de los requisitos, lo cual genera fricción inmediata con la realidad operativa de muchos negocios antiguos.


La perspectiva comercial: Costos elevados y estructuras obsoletas


Alfredo Piña reconoció la necesidad de cumplir con las normas para garantizar una vida nocturna sana y segura, pero denunció la desconexión entre la exigencia legal actual y la infraestructura existente en Duitama. Muchos edificios fueron construidos originalmente para uso residencial unifamiliar y, debido a la expansión urbana, han sido reconvertidos en locales comerciales sin haber sido diseñados para soportar cargas estructurales adicionales como tanques de agua pesados o tuberías de rociado automático.


Piña señaló que instalar una red completa contra incendios representa una inversión prohibitiva para pequeños y medianos empresarios, estimada entre 35 y 350 millones de pesos dependiendo del tamaño y aforo del local. Este costo supera ampliamente la capacidad financiera de muchos operadores, particularmente aquellos que rentan los inmuebles y no son dueños de la estructura base, lo que impide realizar mejoras mayores sin autorización o respaldo del propietario del edificio.


Además, el líder gremial destacó que otros elementos de seguridad básica ya están presentes en la mayoría de los establecimientos, como extintores, señalización y botiquines. Sin embargo, la norma distingue claramente entre "sistema manual" y "red automática contra incendios", siendo esta última la causa principal de los cierres recientes. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado agrava la situación, pues no define zonas específicas permitidas para actividades nocturnas de alto riesgo, dejando a los comerciantes en un limbo regulatorio.


Impacto económico y social de los cierres


Los operativos han derivado en cierres temporales sellados por 10, 30 o incluso 90 días, escalando hacia procesos de pérdida definitiva de uso de suelo si no se subsanan las observaciones. Piña reportó que fines de semana recientes registraron hasta 12 negocios cerrados simultáneamente. Esta dinámica ha generado miedo latente entre los propietarios, quienes prefieren mantener sus puertas cerradas preventivamente para evitar multas progresivas que culminarían en la quiebra total.


El efecto colateral es visible en el centro de Duitama, donde se contabilizan aproximadamente 35 locales vacíos desde la Avenida Las Américas hasta La Dorada, y desde calle 20 hasta calle 13/14. Esta desocupación incrementa la percepción de inseguridad ciudadana y afecta directamente el empleo formal, informal e indirecto vinculado al sector nocturno, uno de los pilares económicos de la región junto con el turismo.


Búsqueda de soluciones concertadas y referentes regionales


Ante la presión gremial, las autoridades municipales, departamentales y nacionales han iniciado mesas de diálogo técnico. Se han realizado capacitaciones certificadas por bomberos sobre brigadismo y prevención, buscando nivelar garantías básicas mientras se negocian transiciones viables. Un referente clave analizado es el modelo implementado en Sogamoso, ciudad cercana con características similares, donde se clasificaron los riesgos según ubicación, aforo y tipo de actividad (categorías A, B y C), permitiendo tarifas diferenciadas y plazos realistas para adecuaciones.


El Teniente Montiel confirmó que actualmente se estudia replicar dicho esquema flexible en Duitama. La Alcaldesa y el Secretario de Gobierno trabajan en borradores de actos administrativos que permitan conciliar el cumplimiento normativo con la viabilidad económica del comercio local. Asimismo, existe disposición institucional para revisar aspectos tarifarios de las inspecciones, aunque Montiel precisó que los cobros actuales en Duitama ya figuran entre los más bajos comparados con otros municipios boyacenses, indicando que el obstáculo principal no es el costo del trámite sino la inversión física requerida para adaptar edificaciones antiguas a estándares modernos de seguridad humana.


Hacia una transición ordenada


La conversación concluyó con un llamado urgente a todas las partes involucradas —comerciantes, bomberos, policía, secretarías de gobierno e industria— para acelerar la implementación de acuerdos definitivos antes de que la ola de cierres indefinidos cause daños irreversibles al tejido productivo duitamense. Se insistió en que la meta compartida debe ser la salvaguarda integral de visitantes, trabajadores y dueños de negocio mediante soluciones graduales, evitando tanto la negligencia preventiva como la asfixia regulatoria abrupta. Mientras avanzan los estudios técnicos inspirados en experiencias exitosas vecinas, la comunidad permanece atenta a cómo equilibrará la administración municipal la letra rígida de la ley con la flexibilidad necesaria para sostener la economía local.