El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró, en primera instancia, la nulidad de la Ordenanza 026 del 6 de septiembre de 2024, mediante la cual la Asamblea Departamental autorizó al gobernador de Boyacá a contratar un empréstito cercano a los 230 mil millones de pesos, destinado principalmente al mejoramiento de la infraestructura vial del departamento.
La decisión fue destacada por el diputado Carlos Torres, quien había presentado la demanda de nulidad en 2025. Según explicó, durante el trámite de la ordenanza no se habrían cumplido los tiempos establecidos para el estudio y debate del proyecto, así como los requisitos de publicidad y participación previstos en el reglamento interno de la Asamblea y la Ley 2200.
El diputado señaló que se trataba del empréstito más alto en la historia del departamento y cuestionó la rapidez con la que fue tramitado. También indicó que el fallo establece medidas frente a los recursos que aún no han sido ejecutados, mientras se define si la decisión queda en firme.
Por su parte, el gobernador de Boyacá confirmó que apelará el fallo ante el Consejo de Estado, al considerar que los recursos han permitido financiar obras de infraestructura vial urbana y rural, maquinaria para las comunidades y proyectos como los convites comunales, además del mejoramiento de corredores estratégicos.
El mandatario departamental manifestó su respeto por la decisión judicial y aseguró que su equipo jurídico acudirá a la máxima corporación de lo contencioso administrativo para solicitar que se revise el fallo.
El gobernador también invitó al diputado Carlos Torres a recorrer el departamento y conocer directamente las obras que, según afirmó, han beneficiado a diferentes comunidades, al tiempo que defendió la importancia de continuar con los proyectos de infraestructura vial.
